RAMÒN CRUZ BENZÀN
SANTO DOMINGO.-El Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, rechazó hoy incorporar como prueba en el juicio del Baninter una carta enviada en 27 de marzo del 2003 al entonces gobernador del Banco Central,
José Lois Malkún, donde se le plantea la situación crítica del quebrado
banco.
La carta fue remitida por Grupo Progreso donde plantea que de las
informaciones financieras respecto al Baninter, suministrada por sus
representantes, se comprobó que la situación era mucho más crítica que la
reflejada.
En ese entonces, solicitó a la Superintendencia de Bancos que acompañara al
Progreso en la revisión, a fin de que al momento de ser decidida y
comprobada, poseyeran la información fidedigna y comprobaran las
obligaciones que asumiría el Banco Central en el caso.
“Finalmente, debido a lo crítica de la situación del Banco Intercontinental,
S.A., solicitamos muy encarecidamente que la decisión final sobre las
facilidades antes descritas, se realice a la mayor brevedad, con la
finalidad de evitar consecuencias negativas para el sistema financiero
dominicano”.
La situación reflejaba que Baninter poseía depósitos contra activo
intangible de 15 mil millones de pesos.
Asimismo, depósitos fuera de libro de 37 mil millones de pesos, cartera de
préstamos vendidas por 10 mil 188 millones, desencaje de mil 773 millones,
faltante de 265 millones de dólares.
Mientras que el abogado Francisco Alvarez Valdez, de la Autoridad Monetaria
y Financiera, presentó al tribunal el acta No.53 del Grupo Progreso, donde
en uno de los puntos figura una condicionante de Ramón Báez Figueroa.
Esta consigna que los vendedores, en este caso Baninter, condicionaron un
acuerdo a que el Banco Central les otorgara un total descargo y finiquito
sobre su gestión en el Baninter.
Al no poder establecerse un acuerdo satisfactorio para las partes, los
representantes del Grupo informaron a los vendedores y a la Autoridad
Monetaria que procederían a notificar la terminación del Acuerdo de Promesa
de Compra, por el no cumplimiento por parte de los vendedores de las Ley
Monetaria.
El acta está fechada el 24 de marzo del 2003.
