RAMÒN CRUZ BENZAN
SANTO DOMINGO.- El consejo de defensa de Ramón Báez Figueroa continúo hoy ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los discursos de cierre del caso Baninter proyectando de forma audiovisual las declaraciones de Pedro Castillo, ex presidente del Banco del Progreso.
El licenciado Juárez Castillo Semàn, de la defensa de Ramón Báez Figueroa, continuo a la pasado la 3 de la mañana, proyección de videos de las declaraciones de Pedro Castillo, quien confirmó que el contrato de fusión entre el Banco del Progreso y el Baninter contenía en su anexo único el monto real de activos y pasivos de este último por más de RD$80,000 millones y que fue aprobado sin objeción por la Junta Monetaria la noche del 24 de marzo de 2003.
Los videos fueron grabados durante la comparecencia de los testigos en audiencias anteriores en el tribunal modelo, ubicado en la primera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Castillo Semán proyectó, igualmente, las declaraciones del ex ejecutivo del Progreso, quien reveló que el contrato de fusión y su anexo fue redactado por el licenciado Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, actual abogado del Banco Central y a la sazón asesor legal del Banco del Progreso.
“El licenciado Álvarez Valdez conocía y redactó ese anexo único porque él insistió en que el acuerdo de fusión debía tener un consolidado de activos y pasivos,” expresó el testigo.
La defensa de Báez Figueroa proyectó el video en que el Pedro Castillo reveló ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que el contrato de fusión con su anexo único fue depositado la misma noche del 24 de marzo.
Al contestar preguntas de Juárez Castillo, el ex presidente del Banco del Progreso explicó que nunca recibió del licenciado Álvarez Valdez ni de ningún otro abogado del Banco la advertencia de que en el contrato de fusión se había contemplado ninguna operación irregular o ilegal, entre las cuales figuraba la operación de compra de derechos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos que había sido catalogado por Álvarez Valdez en la audiencia anterior como un fraude.
“No se podía tomar posesión de la administración de Baninter sin que se contrato de fusión fuera depositado por ante las autoridades monetarias y que estas dieran su no objeción, tal y como ocurrió mediante la resolución que se dictara,” expresó el testigo, con lo cual refutaba la versión de la acusación de que las autoridades monetarias no conocieron el acuerdo de fusión en esa fecha.
Pedro Castillo explicó que aunque el contrato de fusión y la aprobación del mismo por la Junta Monetaria se produjo el 24 de marzo del 2003, al día siguiente, día 25, no pudieron ingresar y tomar control del Baninter por problemas burocráticos y por la presencia de personal de la Superintendencia de Bancos y el Banco Central dentro de los cuales señaló a la señora Zunilda Paniagua.
Admitió que una fuerte ola de rumores en contra de la fusión anunciada públicamente creó retiros masivos que desestabilizaron la misma, al grado que motivó que llamara al vicegobernador del Banco Central, Félix Calvo, para que este a su vez se comunicara con la Asociación Nacional de Bancos Comerciales y les pidiera a la competencia que descontinuaran tales rumores.
“Llamé a Félix Calvo, vicegobernador del Banco Central, para que llamara a la Asociación de Bancos y les explicara a los bancos de la competencia que este no era momento para pescar en río revuelto,” expresó Castillo acerca de la campaña de rumores que provocó que miles de millones de pesos le fueran retirados al Baninter en los días de la fusión.
Pedro Castillo informó que Luís Álvarez Renta había transparentado con el Banco del Progreso y las autoridades monetarias pagos que era necesario realizar a bancos extranjeros sobre acreencias vencidas y a corresponsales en los días previos y durante el proceso de fusión advirtiendo del peligro de que de no producirse los mismos podría decretarse un “default” (no pago) con un alto riesgo para el sistema bancario en su conjunto.
El testigo confirmó que dentro de ese contexto estaban los cheques por US$10.5 millones que fueron pagados por las autoridades monetarias y financieras, y por los cuales el economista Álvarez Renta fue posteriormente acusado por las autoridades monetarias y financieras.
