RAMÒN CRUZ BENZÀN
SANTO DOMINGO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ordenó ayer la realización de una auditoria a las cuentas del Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME) con el fin de determinar el monto del presunto fraude cometido en esa institución durante el primer gobierno del presidente Leonel Fernández.
El tribunal, presidido por la magistrada Sarah Veras, adoptó la decisión tras acoger un pedimento de la fiscalía del Distrito Nacional, quien había solicitado la realización de un peritaje para determinar con exactitud el monto del supuesto desfalco realizado a través de este programa gubernamental.
Luego de más de cuatro horas de deliberación, el tribunal pidió al ministerio público y a los abogados de los inculpados señalar los técnicos que quieren que sean asignados para proceder a su nombramiento.
El plenario otorgó un plazo de 2 semanas, contando a partir de la lectura de la presente sentencia, para que le presenten el listado de las partes que los peritos entienden están envueltas en el proceso designado.
El tribunal determinó que una vez nombrado los peritos, estos dispondrán de un plazo de dos meses para la realización de la auditoria.
De igual forma el tribunal colegiado fijó para el 6 de noviembre del año en curso, a las 9 de la mañana la continuación del juicio seguido al dirigente peledeista Luis Inchausti, León López Mata y Grecia Peguero Rivera, acusados de un desfalco contra el Estado por 1,438 millones de pesos a través de los programas PEME y PRODABA.
A la salida del tribunal, los abogados de los inculpados, doctor Abel Rodríguez del Orbe, Juan Antonio Delgado y Daniel Beltré anunciaron que recurrirán en oposición a la decisión del tribunal por no estar de acuerdo con la misma.
Los fiscales adjuntos Ramona Nova e Ibó René Sánchez habían pedido a los jueces del tribunal, la realización de una auditoria en el caso Peme, tras alegar que la Fiscalía no investigó ese proceso y que actualmente desconocen a cuánto asciende el presunto desfalco porque nunca se hizo una auditoría. Los fiscales argumentaron en el tribunal que la auditoría que plantean sería como la espina dorsal del proceso, porque a partir de ahí es que se conocerá en qué consistió el presunto desfalco.
El consejo de defensa de Inchausti calificó como una locura del ministerio público el pedimento de una auditoría a la contabilidad del PEME, porque el Código Procesal Penal dispone de cinco días para el depósito de nuevas pruebas, previo al conocimiento del proceso. Expresaron que el ministerio público no sabe si existe o no desfalco por lo que es contraproducente plantear al tribunal ese pedimento. “Ellos deben retirarse del proceso, porque no saben dónde caminan”, expresó Abel Rodríguez del Orbe.
