SANTO DOMINGO.-El director de la Oficina de Reordenamiento del Transporte (Opret) , ingeniero Diandino Peña; el superintendente de Valores, licenciado Haivanjoe NG Cortiñas , el empresario Noé Camacho y el contralor general de la República serían requeridos nuevamente por la justicia con relación al caso del supuesto fraude de mil 438 millones a través del Programa Eventual Mínimo de empleos (PEME) si se permite practicar la auditoría.
La aseveración fue hecha por el doctor Abel Rodríguez del Orbe y los licenciados Marino Feliz y Nicolás Calderón dijeron wque jurídicamente es improcedente practicar la auditoria porque ya pasó el tiempo de realizarla que fue cuando el expediente se encontraba en instrucción.
“Quien en el gobierno anterior inventó ese expediente de persecución política debió hacer esa auditoria para poder tener prueba”, precisaron.
Dijeron que la ley que castiga el desfalco exige que se determine claramente, cuanto se estima el desfalco para poder imponer la pena.
“Esa auditoría debieron hacerla las personas que manejaron ese expediente en el gobierno anterior y no lo hicieron porque sabían que ese dinero se repartió y todos los medios lo saben por2que a la de hoy no hay personas que se hayan quejado por la no entrega de esos cheques”.
En seis años no ha aparecido una sóla persona que indique que no recibieron el dinero
Rodríguez del Orbe dijo oque no permitirán que se realice la auditoría porque es ilegal, violatoria a la Constitución de la República y violenta el nuevo proceso penal.
En rueda de prensa realizada en el Hotel Clarión los abogados sostienen que no le temen a la auditoría sino al abuso por parte del fiscal, de los jueces.
Dijo que Grecia María Peguero rivera, Leon Antonio López mata y Luis Yncháusti fueron condenados hace mucho tiempo en los medios de comunicación y que una prueba de que el expediente no está en orden es el hecho de que quieren hacer una auditoría. “Nunca estuvo en orden, siempre fue un desorden para persecución política”
Aseguró que la auditoría no va a revelar nada en contra de los inculpados sino que por asunto de principio y de derecho se oponen.
“No se trata de lo que revele o no la auditoría o que tengan miedo es que la etapa procesal en la que se debió realizar ya pasó”.
