POR JUAN RAMON INIRIO
HIGÜEY.- El juez de la Instrucción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes que por la Suprema Corte de Justicia canceló por la comisión de "faltas graves", dijo que se le ha causado un daño moral y solicitó que su caso sea revisado.
El licenciado Tomás Joaquín Cedeño Rojas, dijo que se enteró de su destitución mediante un fax del presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, en el cual se le informaba que la Suprema, en el pleno celebrado el jueves 2 de agosto, decidió destituirlo por faltas graves.
Indicó que ocupaba el cargo de juez suplente del Juzgado de Paz de La Otra Banda y que actualmente se desempeñaba como Juez de la Instrucción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de La Altagracia.
En una comunicación dirigida al presidente de la Suprema Corte, doctor Jorge Subero Isa, el ex magistrado Cedeño Rojas se queja porque en ningún momento fue informado de cuáles fueron las causas de su destitución, "pero mucho menos se ha notificado por la vía institucional de la existencia de un proceso en mi contra, el cual daría como resultado ni destitución por faltas graves y por vía de consecuencia la lapidación pública por vía de todos los medios de comunicación del país, el acoso y los daños a mi imagen producto de dicha destitución deshonrosa, la cual ha menoscabado la buena fama del accionante".
El licenciado Cedeño Rojas afirma que los artículos 88, 89 y 90 del Reglamento de Carreras Judicial, otorgan a los jueces suplentes las mismas prerrogativas, derechos, incompatibilidades, prohibiciones, retribuciones y señalan que son posibles de la remoción por las mismas causas de los titulares.
El mismo Reglamento establece que el juez destituido podrá solicitar a la Suprema Corte de Justicia la revisión de su situación en un plazo de diez días, en caso de que el procesado no haya sido escuchado, sostiene.
Cedeño Rojas recordó que nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa, como afirma ocurrió en su caso.
Expresó que aunque el daño moral ya se ha consumado, solicita al pleno de la Suprema Corte de Justicia que evalúe su solicitud de revisión, al tiempo que señala que se reserva el derecho de acudir a organismos internacionales. Leer más: El Nacional.
