VINICIO CASTILLO SEMÁN
Los acusadores de Ramón Báez Figueroa en el Caso Baninter se sienten derrotados. El juicio oral, público y contradictorio ha servido para demostrar la gran farsa sobre la que, el gobierno más corrupto de la historia, armó ese expediente criminal con el fin esencial de buscar un chivo expiatorio de la debacle nacional que provocó el paso de Hipólito Mejía y su grupo PPH por el poder.
El juicio ha sido un gran y ejemplar escenario para llevar a su justa y diminuta dimensión aquellos discursos moralistas de pacotilla que, bajo la campaña mediática más formidable y potente que se haya hecho en contra de algún ciudadano, lograron “condenar” en la opinión pública a Ramón Báez Figueroa como autor de un supuesto “fraude de 55 mil millones”, antes de que éste pisara por primera vez el Palacio de Justicia.
Al entrar en su fase final, los acusadores que se ven, y sobre todo los que no se ven, los más poderosos que han estado detrás de todo como titiriteros, han llegado a la objetiva conclusión de que el juicio ha puesto al descubierto la fragilidad del mamotreto acusatorio de factura pepehachista y, en consecuencia, han decidido tomar el indecente, ilegal y abusivo camino de la presión.
Los jefes que financian las entidades de la sociedad civil han ordenado movilizar sus tropas; Finjus y Participación Ciudadana han anunciado que acudirán a las próximas audiencias del Caso Baninter, para presionar a los jueces que conocen del mismo.
Se irrespeta a la justicia, cuyos principios fundamentales de independencia y soberanía en el pasado se han ufanado en defender, indicándole en sus seminarios y comunicados lo que tiene o no tiene que hacer a la hora de dictar sentencia.
Para ellos el juicio nada importa; la presunción de inocencia de los imputados; la carencia de pruebas; la ilegalidad e ilicitud del 95% del legado de documentos presentados como supuestas pruebas; la inexistencia de auditoría alguna que compruebe ninguna alegación de los acusadores; las garantías fundamentales establecidas en la Constitución y en los pactos internacionales, nada de esto importa. Lo único que importa a estos señores es satisfacer el odio enfermizo de sus mandantes.
Acuden a este reprochable método de presión y chantaje, porque no tienen la razón; no tienen la verdad y se están dando cuenta de que han ido quedando huérfanos del apoyo que tuvieran en otros tiempos, de una sociedad engañada por todos sus embustes mercadológicos. Añoran con nostalgia aquellos tiempos donde sus Comunicados impactaban y narigoneaban la opinión pública.
El juicio ha ido arrojando la verdad de lo ocurrido en el colapso y destrucción del Baninter. Ha quedado acreditado de forma inequívoca que a Septiembre del 2002 Baninter era una institución fuerte y poderosa, que no le debía un solo centavo al Banco Central de la República Dominicana. Se ha demostrado que la pésima gestión económica del gobierno de Hipólito Mejía provocó a partir de esa fecha una crisis cambiaria que desestabilizó gravemente todo el sistema bancario nacional.
Ha quedado comprobado, al través de pruebas documentales y testimoniales, que coincidiendo en el tiempo con la hecatombe macroeconómica que arrastró el “deslizamiento” de la prima en el último semestre del 2002, el Baninter fue objeto de una despiadada campaña de rumores a raíz del sometimiento a la justicia penal del ex coronel Pepe Goico, por el uso de la tarjeta de crédito presidencial, lo que, a su vez, provocó una ola de retiros masivos de depósitos de esa institución que, a decir del propio querellante José Lois Malkún en el tribunal, ningún banco estaba en condiciones de resistir.
El juicio ha servido de escenario para probar que las violaciones de la Ley Monetaria, admitidas por Ramón Báez Figueroa ante el tribunal (que no fueron las causas de su colapso) tenían un carácter sistémico, tal y como lo consagra el Panel de Expertos del FMI.
Los problemas de reporte de contabilidad, el financiamiento a empresas vinculadas y préstamos a accionistas, están tipificadas claramente en la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 y eran parte de todo un sistema en la banca nacional con el conocimiento y anuencia implícita de las autoridades.
Los testimonios de los actores del proceso hicieron caer las fábulas de las borraduras, que no eran más que consolidaciones de cuentas, en una sola cuenta, para la fusión con el Banco del Progreso; ha quedado claramente establecido que Ramón Báez Figueroa al momento de negociar esa fusión y ya en el marco de la nueva Ley 183-02 en marzo del 2003, voluntariamente hizo constar en contrato firmado todos los activos y pasivos del Baninter, lo que fue aprobado sin objeción por Resolución de la Junta Monetaria, con lo que rodó por el suelo la versión de los farsantes pepehachistas de que habían descubierto un banco oculto o paralelo en Baninter.
El proceso, además, ha servido para dejar acreditada desde el punto de vista jurídico e histórico la paternidad del denominado déficit cuasi-fiscal del Banco Central. Ha quedado claro que el mismo nació de una violación de la Ley 183-02, que impedía a esta institución estatal asumir obligaciones de otros más allá del límite de 500 mil pesos establecido como garantía de depósitos.
Los testimonios de los actores de ese desastre y el debate de las pruebas, han dejado acreditado que en ese voluminoso expediente no hay una sola prueba de lavado de activos y que este tipo penal fue incluido como un instrumento legal para que el entonces Presidente Hipólito Mejía Domínguez, metido en un proceso reeleccionista, ordenara personalmente la toma y control del principal periódico del país, Listín Diario, y demás medios de comunicación del Grupo Intercontinental, violando la Constitución y las leyes de la República, designando quiénes serían sus directores.
Los acusadores, al través de sus mediocres programas pagados con dinero público y en seminarios solventados por intereses económicos que fueron competencia del Baninter, se quejan amargamente de la prensa nacional y del tratamiento que ésta le ha dado al Caso Baninter.
Aspiraban a un gran circo; a que no fuera el tribunal, sino las primeras planas de los diarios las que juzgaran el Caso Baninter, repitiendo las mentiras de Hipólito, Andy, Malkún y de los bien lobbiados funcionarios de organismos internacionales que, como papagayos, le sirvieron de comparsa, todo ello para hacer del juicio una mera formalidad.
La prensa nacional no se ha prestado a ese despropósito. Simple y sencillamente porque ha respetado la majestad de la justicia, ha respetado a tres jueces jóvenes y honorables que han trabajado cientos de horas, ventilando con toda libertad y frente a todos los medios de comunicación el llamado “Juicio del Siglo”.
La prensa nacional, contrario a lo que plantean los acusadores, ha jugado su rol de informar con toda libertad lo que ha acontecido en el juicio, con las versiones de lo expresado por los testigos y todas las partes, entendiendo que es el Primer Tribunal Colegiado la única instancia que está en capacidad de dictar sentencia de una manera libre y soberana, estableciendo responsabilidades de cada quien en la medida en que éstos puedan tenerla.
Definitivamente, los acusadores y sus mandantes están histéricos porque no han encontrado la caja de resonancia de otros tiempos; porque la prensa que pensaban tener a su servicio para la deleznable labor de presionar a la justicia, en general, no le ha prestado su concurso.
Por eso, porque no tienen la razón, han apelado a la desesperada y reprochable vía de la presión.
