RAMÓN CRUZ BENZÁN
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría de Medioambiente y Recursos Naturales solicitó ayer juicio preliminar en contra del síndico de Baní, el presidente de la Sala Capitular, varios regidores de esa demarcación y la empresa Ciramar, en torno al caso de las dunas de Baní, a quienes demandan por una indemnización de 45 millones de pesos.
El sometimiento fue hecho por el magistrado Andrés Chalas Velázquez, quien pidió al juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, fijar audiencia preliminar a los fines de conocer la acusación y se ordene la apertura a juicio en contra de los imputados.
El ministerio público presentó acta de acusación en contra de Nelson Camilo Landestoy, Yoham Montes de Oca, Carlos González Melo, Salvador Peguero Báez, Cándida Carmen Medina, Juan Enrique Guerrero Soto y Solange Catherine Pimentel, Luís Eugenio Contreras Brea, Luís Eugenio Contreras Peña, la empresa Ciramar Internacional Trading LTD y el Ayuntamiento Municipal de Baní.
Al grupo se le acusa de participar manera activa y directa en el arrendamiento con derecho a compra privilegiada de una porción de terrenos de 56,993.87 metros cuadrados en el área protegida Monumento Natural Félix Servio Ducoudray, dentro de la parcela No. 977 del D.C. 5 en la comunidad de Salinas, Municipio de Baní, Provincia Peravia.
Conjuntamente con el Acta de Acusación fue depositado al tribunal la Querella con Constitución en actor Civil interpuesta por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) INC, el Grupo Mundo Ecológico INC., el Grupo Jaragua INC., el Consorcio Ambiental Dominicano, la Sociedad Ecológica de Baní y el Grupo Ecologista Tinglar en fecha 24 de octubre del 2007, en contra de los imputados.
El Ministerio Público solicitó además al tribunal ordenar la restitución del objeto materia del hecho punible y en consecuencia disponga que los 56,993.87 metros cuadrados de terrenos que ocupa la empresa Ciramar International Trading, LTD dentro del ámbito de la parcela No. 977 del D. C. 5, del Municipio de Baní, les sean devueltos al Estado Dominicano para su reintegración al área protegida Monumento Natural Félix Servio Ducoudray.
Asimismo, el Ministerio Público demandó a los acusados al pago de 45 millones de pesos como indemnización por concepto de reparación de los daños producidos al Estado Dominicano con el hecho punible.
Están acusado de violar los artículos 138, 174, 175 numerales 1 y 2, y 176 de la Ley 64-00 del 18 de agosto del 2000, sobre Medio Ambiente y Recursos y artículos 3 Principio 5, 9, 25, 30, 31 párrafo II, 33 y 37 numeral 30 de la Ley 202-04 del 30 de julio de 2004, sobre Áreas Protegidas.
Conforme con la acusación el arrendamiento de dicha porción de terreno fue hecha por el Ayuntamiento Municipal de Baní en favor de la empresa Ciramar International.
La Secretaría de Medio Ambiente sostiene que los terrenos de dunas envueltos en la negociaciones en las Salinas-Baní, entre el Ayuntamiento y la compañía Ciramar Internacional, están dentro del área protegida y que forman parte del ecosistema Dunas de las Calderas.
LA entidad sostiene que esos terrenos están bajo la protección de las leyes 64-00, de Medio Ambiente y la Sectorial 202-04 de Áreas Protegidas.
