RAMÓN CRUZ BENZÁN
SANTO DOMINGO.-El Partido Fuerza Nacional Progresista pidió ayer al Procurador General de la República disponer una exhaustiva investigación sobre el grado de cumplimiento de la Ley 122-05, por parte de las organizaciones no gubernamentales que denuncian el país en el extranjero como violador de los derechos humanos de los haitianos.
El diputado Pelegrín Castillo Semán, en un documento entregado al Procurador Radhames Jiménez Peña, pide ordenar la investigación encaminada a determinar hasta que punto esas Ongs cumplen con la Ley 122-05, que regula el fomento de las asociaciones sin fines de lucro.
Solicitó al jefe del Ministerio Público que en caso de que esas Ongs cumplan con las obligaciones de la Ley, que de a conocer, en virtud de la Ley de Libre Acceso a la Información, cuales son sus vínculos internacionales.
Manifestó que el propósito real de la campaña de las organizaciones no gubernamentales que denuncian el país es desconocer el derecho soberano de la República Dominicana a impulsar sus políticas en material de migración, nacionalidad, registro civil y control fronterizo, derecho que se expresó y concreto en actos y decisiones del Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral (JCE).
Expresó que resulta notorio que esas peligrosas campañas están procurando además preparar y condicionar la opinión pública internacional para que eventualmente acepte y respalde una acción de poderes externos en contra del Estado dominicano.
“Esas campañas ofensivas son ejecutadas por numerosas organizaciones no gubernamentales y grupos defensores de los derechos humanos nacionales y extranjeros, que cuentan con importantes financiamientos y respaldo tanto de gobiernos de países autodenominados Amigos de Haití, como de influyentes organizaciones internacionales”, acotó Castillo Semán.
El dirigente de la FNP dijo que la ley establece que su inobservancia conlleva como sanción la suspensión temporal y hasta la perdida definitiva de la personería jurídica de esas organizaciones.
Manifestó que dicha ley establece, entre otras cosas, que las Ongs están obligadas a rendir un informe que incluya relaciones o vínculos con gobiernos, instituciones públicas extranjeras, organismos internacionales o instituciones sin fines de lucro privadas o extranjeros.
“La Ley establece que deben llevar un registro, manual o electrónico, de descripción de actividades y programas, incluidas sus relaciones internacionales”, apuntó Castillo Semán.
