RAMÓN CRUZ BENZÁN
SANTO DOMINGO.-La Fiscalía del Distrito Nacional, apeló la decisión del juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que declaró que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tiene calidad como persona jurídica para querellarse en su contra del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Félix Bautista.
El fiscal José Manuel Hernández Peguero, y los fiscales adjuntos Dante Castillo Medina y José Agustín de la Cruz, recurrieron la decisión del juez Román Hiciano Berroa, que le da faculta al PRD, querellarse contra Félix Bautista, a quien acusan de abuso de confianza en el préstamo de 130 millones de dólares de la empresa Sun Land, por no estar conforme con la misma.
En la instancia piden al tribunal declarar con lugar el presente recurso revocando la resolución dictada por el juez de la instrucción y dictar directamente la sentencia acogiendo la decisión de la Fiscalía que declaró inadmisible la querella presentada contra Bautista.
Sostiene que en la resolución recurrida se evidencia contradicción en la motivación cuando el juez de la instrucción confunde una acción de interés público, con los intereses colectivos y difusos.
Señala que sin embargo, el juez reconoce por otro lado, que en la República Dominicana la facultad de perseguir ese tipo de delito querellante la reserva al ministerio público.
La decisión del juez también fue recurrida en apelación la pasada semana por la defensa de Félix Bautista, quienes piden a la Corte de Apelación que resulte apoderada del caso, revocar la decisión del tribunal de primer grado.
Hernández Peguero desestimó la querella argumentado que el PRD carece de la calidad jurídica como querellante, ya que, según dijo, no es una persona física o una institución víctima de los supuestos agravios y violaciones a las leyes que, según la denuncia, fueron cometidos en contra del país con la Sun Land.
Sin embargo, dejó abierto el expediente solicitando a la Cámara de Cuentas que investigue si hubo irregularidades en el contrato que firmó el funcionario a nombre del estado con la Sun Land.
