SANTO DOMINGO-El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) interpuso ayer formal recurso de inconstitucionalidad a través del cual busca que la Suprema Corte de Justicia declare nulo el contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado dominicano, suministro de materiales y equipos, suscrito entre el Gobierno y la empresa The Sun Land Corporation RD, S. A., el 15 de mayo de 2006, así como de los 19 pagarés o notas promisorias firmados como documentos complementarios y las cartas acuerdos. 
La acción fue incoada por el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, el secretario general Orlando Jorge Mera y la abogada Rosina de la Cruz de Alvarado.
La instancia asegura que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y Sunland suscribieron el “Contrato de Construcción de Obras Prioritarias para el Estado Dominicano, Suministro de Materiales y Equipos”, conjuntamente con los diecinueve (19) pagarés, cada uno por la suma de US$6,842105.00, en los cuales aparece como deudor el Gobierno dominicano.
Asimismo, el 5 de diciembre de 2006, el director de la entidad Félix Bautista envió una comunicación a The Sun Land Corporation en la cual señala que, habiendo examinado el presupuesto que le fuera presentado por la compañía, reducía el número de obras a cinco en lugar de once como fue previsto en el contrato original, por la misma suma de US$130,000,000.00, convirtiéndose en una modificación al contrato original.
"Este endeudamiento por parte del Estado Dominicano, evidenciado en el contrato de construcción, sus anexos, los pagarés suscritos y las posteriores cartas acuerdos que fueron firmadas, no fueron sometidos a la aprobación del Congreso Nacional, tal y como lo ordena el artículo 37 de la Constitución de la República, lo cual los convierte en actos nulo de pleno derecho, además de otras violaciones de carácter constitucional en que se ha incurrido en el proceso, como examinaremos más adelante en el presente escrito".
La instancia establece que el contrato, así como las cartas acuerdos firmadas, comprometen ampliamente el Presupuesto Nacional y no fueron sometidos a la aprobación del Congreso, "con lo cual se ha consumado una violación grosera a la Constitución de la República, de consecuencias desastrosas para la sociedad dominicana por el costo económico envuelto en dicha transacción y por los riesgos que se derivarían de su incumplimiento frente a las diferentes entidades que en estos momentos tienen en sus manos los pagarés suscritos por el Gobierno de República Dominicana, producto de la cesión de su crédito por parte de The Sun Land Corporation RD, S. A. a distintas entidades del sistema financiero internacional".
La acción fue incoada por el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, el secretario general Orlando Jorge Mera y la abogada Rosina de la Cruz de Alvarado.
La instancia asegura que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y Sunland suscribieron el “Contrato de Construcción de Obras Prioritarias para el Estado Dominicano, Suministro de Materiales y Equipos”, conjuntamente con los diecinueve (19) pagarés, cada uno por la suma de US$6,842105.00, en los cuales aparece como deudor el Gobierno dominicano.
Asimismo, el 5 de diciembre de 2006, el director de la entidad Félix Bautista envió una comunicación a The Sun Land Corporation en la cual señala que, habiendo examinado el presupuesto que le fuera presentado por la compañía, reducía el número de obras a cinco en lugar de once como fue previsto en el contrato original, por la misma suma de US$130,000,000.00, convirtiéndose en una modificación al contrato original.
"Este endeudamiento por parte del Estado Dominicano, evidenciado en el contrato de construcción, sus anexos, los pagarés suscritos y las posteriores cartas acuerdos que fueron firmadas, no fueron sometidos a la aprobación del Congreso Nacional, tal y como lo ordena el artículo 37 de la Constitución de la República, lo cual los convierte en actos nulo de pleno derecho, además de otras violaciones de carácter constitucional en que se ha incurrido en el proceso, como examinaremos más adelante en el presente escrito".
La instancia establece que el contrato, así como las cartas acuerdos firmadas, comprometen ampliamente el Presupuesto Nacional y no fueron sometidos a la aprobación del Congreso, "con lo cual se ha consumado una violación grosera a la Constitución de la República, de consecuencias desastrosas para la sociedad dominicana por el costo económico envuelto en dicha transacción y por los riesgos que se derivarían de su incumplimiento frente a las diferentes entidades que en estos momentos tienen en sus manos los pagarés suscritos por el Gobierno de República Dominicana, producto de la cesión de su crédito por parte de The Sun Land Corporation RD, S. A. a distintas entidades del sistema financiero internacional".
