SANTO DOMINGO.- La Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reanudará este jueves el juicio contra los ex ejecutivos del Banco Nacional de Crédito (Bancrédito), por un presunto agujero financiero de 23 millones de pesos.
El tribunal proseguirá el caso luego que la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente para conocer un recurso de inhibición que presentaron los jueces Julio César Canó Alfau y Katia Miguelina Jiménez, por diferencias con sus compañeros de trabajo.
El tribunal está apoderado desde 2005, de los recursos de apelación que presentaron los imputados, Manuel Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza, contra la sentencia que dictó el 17 de agosto del 2006, el Primer Tribunal Colegiado Instancia del Distrito
Nacional, que lo declaró a los imputados culpables violación a la Ley Monetaria y Financiera y los artículos 147 y 148 del Código Penal y los condenó a tres años de reclusión mayor y al pago de una multa de 1 millón de pesos.
Asimismo, el 27 de agosto de 2006, los imputados recurrieron en apelación y enero 2007 se produjo la inhibición de dos de los cinco jueces que manifestaron contradicción con el proceso, pero la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente para conocer el caso y remitió el expediente ante el tribunal para que designe los jueces que conocerán del juicio.
El 27 de noviembre de 2003, la Autoridad Monetaria y Financiera interpuso querella con constitución en parte civil contra de los señores Manuel Arturo Pellerano Peña, Juan Felipe Mendoza.
Los cargos imputados son falsedad en escritura pública o auténtica, de comercio o de banco, hecho previsto y sancionado por el artículo 147 del Código Penal Dominicano; uso de documentos falsos, hecho previsto y sancionado por el artículo148 del Código Penal; estafa agravada, incriminado por el artículo 405 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 5224-59; abuso de confianza agravado, tipo penal dispuesto en el artículo No. 408 de nuestro Código Penal, modificado por la Ley No. 461-41; y alteración y manipulación de datos y documentos a los fines de desviar la fiscalización e investigación de la Autoridad Monetaria y Financiera y elaboración y aprobación de balances y estados financieros adulterados o falsos tendentes a la ocultación de operaciones irregulares del Bancrédito, hechos previstos en los literales y del artículo 80 de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera.
Los imputados tienen un proceso abierto en el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sobre el cual argumentan que hay una doble persecución porque se han presentado los mismos cargos y argumentaciones jurídicas, lo cual viola la Constitución y los tratados internacionales.
