SANTO DOMINGO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional revocó ayer la
sentencia que ordenaba practicar una auditoria peritaje al Programa
Eventual Mínimo de Empleos (Peme).
"Se rechaza la solicitud de auditoria peritaje propuesta por el Ministerio
Público, así como todos los pedimentos que se derivan de dicha solicitud",
precisaron las juezas doctoras Sarah Altagracia Veras Almánzar, Daría Cira Tejeda Medina e Ingrid Soraya Fernández Méndez, en la sentencia 11-2007 emitida ayer en la tarde.
Las juezas confirmaron la fecha de la próxima audiencia, el 6 de noviembre a las 9:00 de la mañana y se ordenaron que esa decisión sea notificada a todas las partes envueltas en el proceso.
En la sentencia se indica que del análisis de los medios que sustentan el recurso de oposición, los abogados alegan que el expediente estuvo en manos del Ministerio Público desde que salió de la Cámara de Calificación y que lo tenían durante toda la etapa liquidadora "y no fue sino ahora que se dan cuenta que no tienen pruebas y necesitan una auditoria".
Indican que la solicitud del Ministerio Público no encaja en las disposiciones de los artículos 305, 315 y 330 del Código Procesal Penal, porque no se ha presentado un hecho nuevo sin haberse iniciado el conocimiento del fondo del proceso .Leer màs
sentencia que ordenaba practicar una auditoria peritaje al Programa
Eventual Mínimo de Empleos (Peme).
"Se rechaza la solicitud de auditoria peritaje propuesta por el Ministerio
Público, así como todos los pedimentos que se derivan de dicha solicitud",
precisaron las juezas doctoras Sarah Altagracia Veras Almánzar, Daría Cira Tejeda Medina e Ingrid Soraya Fernández Méndez, en la sentencia 11-2007 emitida ayer en la tarde.
Las juezas confirmaron la fecha de la próxima audiencia, el 6 de noviembre a las 9:00 de la mañana y se ordenaron que esa decisión sea notificada a todas las partes envueltas en el proceso.
En la sentencia se indica que del análisis de los medios que sustentan el recurso de oposición, los abogados alegan que el expediente estuvo en manos del Ministerio Público desde que salió de la Cámara de Calificación y que lo tenían durante toda la etapa liquidadora "y no fue sino ahora que se dan cuenta que no tienen pruebas y necesitan una auditoria".
Indican que la solicitud del Ministerio Público no encaja en las disposiciones de los artículos 305, 315 y 330 del Código Procesal Penal, porque no se ha presentado un hecho nuevo sin haberse iniciado el conocimiento del fondo del proceso .Leer màs
