SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que preside el experto argentino Alberto Bínder, firmaron un convenio para la formación de fiscales principalmente en la persecución penal estratégica.
El convenio fue firmado entre el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez, y director del INECIP, Alberto Bínder.
El procurador Jiménez Peña resaltó que este acuerdo viene a fortalecer uno de los ejes fundamentales de la Procuraduría, como es la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP).
Dijo que el crimen es una de las principales preocupaciones de las naciones, pues cuenta con enormes recursos para cometer las acciones que dañan a la sociedad.
“La responsabilidad nuestra es frenar este tipo de actividades dañinas”, dijo.
Mientras que Bínder resaltó la importancia de seguir modernizando el Ministerio Público, y organizar la persecución penal con visión estratégica, inteligente, enfocada a controlar la criminalidad.
“Hay que responder a la criminalidad que también está globalizada, con herramientas nuevas y poderosas”, expresó.
Durante la firma del acuerdo estuvo presente el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, licenciado Ramón Núñez.
Este acuerdo incluye la celebración de eventos sobre temas que son propios del Ministerio Público y temas a fines.
Las instituciones realizarán conjuntamente estudios y proyectos de investigación en temas de interés común.
Los estudios, proyectos y demás documentos que se elaboren en el marco del presente acuerdo serán de propiedad intelectual común de la Procuraduría y del INECIP.
Entre los considerandos del acuerdo se resalta que la evolución de los sistemas penales propende a asignar al Ministerio Público las funciones de dirigir la investigación, lo que demanda que su fortalecimiento vaya enfocado hacia temas institucionales como formación y capacitación adecuada.
También, que el INECIP tiene entre sus objetivos el diseño y ejecución de programas de capacitación y reorganización institucional, apoyando los esfuerzos de las instituciones gubernamentales del sector justicia para mejorar sus servicios a la población.
