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martes, abril 08, 2008

Tribunal rechaza recurso de amparo de empresa contra decisión suspende sus operaciones

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.-La Primera Sala del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, rechazó ayer el recurso de amparo interpuesto por la empresa Armería Dominicana V y R contra la decisión de la Secretaria de Interior y Policía de suspender las operaciones de esa firma al comprobar la comisión de irregularidades.

El tribunal presidido por la magistrada Sara Henríquez Marín, adoptó la decisión, tras considerar que el recurso de amparo presentado por la empresa Armería Dominicana, es improcedente, mal fundado y carente de base legal”.

Sostiene que en los documentos depositados al tribunal no se demostró la conculcación de algún derecho fundamental” en la decisión de Interior y Policía.

“Por lo que en consecuencia procede mantener la resolución No. 001086 de fecha 28 de enero del 2008 emitida por la Secretaria de Estado de Interior y Policía”, expresa el tribunal.

Señala la sentencia que del estudio del expediente se trato de determinar si en la acción de Interior y Policía se conculco de los derechos de la empresa, al serle suspendida la licencia para importar de armas y municiones.

En uno de los considerando de la sentencia, se señala que “se ha podido verificar, por los documentos depositados, que el resultado de la inspección a la referida armería determino que no poseen libro de registro con relación a las ventas de municiones, que lo hacen en hojas sueltas que archivan en forma de reportes, los que se envían cada vez a la Secretaria de Interior y Policía”.

El mismo considerando señala, además, que la referida empresa no guarda “ninguna copia de los formularios 53 de los que afirman devuelven a la Intendencia General de Material Bélico de las Fuerzas Armadas”.

En una de sus motivaciones la Secretaria de Interior y Policía había declarado, a propósito del recurso de amparo interpuesto por la armería y su representante el señor Andrés Ventura, que “la voluntad del gobierno es consolidar el programa de desarme de la población civil, adoptando decisiones oportunas con garantías de los derechos ciudadanos y el registro legal para el control más efectivo de las armas de fuego”.