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miércoles, abril 30, 2008

Detienen al hijo del vicepresidente de la Suprema por no declarar medio millón de dólares

Otras dos personas vinculadas al caso también fueron arrestadas. Las investigaciones las llevan la DNCD y la Dirección de Aduanas.

SANTO DOMINGO.-Un hijo del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pihcrado, fue arrestado en al aeropuerto Las Américas por no declarar 500 mil dólares tras su arribo desde Puerto Rico.

Fuentes oficiales confirmaron a Noticias Sin dijeron que Rafael Luciano Pichardo hijo se encuentra bajo investigación.

Otras dos personas vinculadas al caso también fueron arrestadas. Las investigaciones las llevan la DNCD y la Dirección de Aduanas.

El abuso infantil problema necesita de medidas continuas de prevención



RAMÒN CRUZ BENZÀN

SANTO DOMINGO.- El problema del abuso contra los niños y niñas, y de su explotación, en particular la sexual, es un problema universal alarmante que necesita de medidas continuas de prevención y protección efectiva a escala local, nacional e internacional.

En República Dominicana, el mes de prevención del abuso infantil encontró que las denuncias relativas a abuso infantil por maltrato físico y verbal, abuso sexual, amenaza y descuido han crecido en por lo menos un 22 por ciento.

Además de una población de niños, niñas y adolescentes abusada y maltratada, con porcentajes que sitúan el 45 por ciento como víctimas de abuso físico, 39 psicológico y 33 sexual.

En sólo dos años, de un promedio de 510 registradas en el primer trimestre del 2006 se elevaron a 700 en los tres primeros meses de este año.

A estos tipos se adiciona la explotación infantil con 436,000 menores trabajadores, de los 2.4 millones que conforman su población en el país.

En lo que va de año el Departamento de Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido 154 denuncias de abusos contra niños, niñas y adolescentes.

La mayoría de las denuncias son por seducción de adultos contra menores de edad, principalmente contra niñas entre los diez y 13 años, y alrededor del 10 por ciento por incesto.

Aunque la cifra de tres dígitos es alarmante, lo más preocupante es que la mayoría de los casos no son denunciados, según explicó la fiscal adjunta, Andreína Figueroa Germán, quien coordina el Departamento Delitos de la Fiscalía del Distrito Nacional.

La magistrada también deploró el hecho de que muchos de los agresores seducen a sus víctimas, en ocasiones con anuencia de los familiares que ignoran que “los padres que consientan una relación sexual de su hija o hijo menor de edad incurren, al igual que el agresor, en un delito penal y son pasibles de ser sometidos a la acción de la justicia”.

Maltrato por negligencia

Los casos en que niños han fallecido a consecuencia de incendios constituyen lo que se denomina maltrato por negligencia.

Las cifras de menores intoxicados con sustancias que tomaron por accidente han aumentado, no obstante, esa situación rara vez es denunciada, pese a que en el Código del Menor se establecen sanciones contra el descuido.

Profesionales de la conducta y sociólogos temen que esas cifras sean más alarmantes, porque el subregistro impide tener una constancia precisa de los datos reales y porque algunos de esos delitos son vistos como parte de la cotidianidad de la familia y, por ende, no son reportados como abuso.

A esos elementos se suman las denuncias de maltratos por descuido, es decir, los daños que sufren los menores cuando son dejados solos o en manos distintas a las de los padres.

La Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de la República dirige todos sus esfuerzos en la prevención de la integridad moral y física de este importante y sensible sector de la sociedad dominicana”, sostuvo la doctora Marisol Tobal.

Tobal, quien se desempeña como procuradora general adjunta y coordinadora del área de NNA para el Ministerio Público Especializado, indicó que las autoridades no han desmayado, en su empeño de elevar la dignidad del niño, niña o adolescente, sin importar en las circunstancias o el lugar donde se encuentren.

A juicio de la magistrada Marisol Tobal, la entidad que dirige ha cumplido fielmente las orientaciones del Procurador General de la República, tendentes a crear conciencia en la familia y la sociedad dominicana de que este sector social debe ser protegido, cuidado y preservado, como garante del futuro de la patria.

La coordinadora de NNA manifestó que esa dependencia también ha desarrollado un programa de difusión de la Ley 136-03 en centros educativos, hospitales, clínicas y juntas de vecinos, con el propósito de elevar el nivel de conciencia tendente a la protección de los niños, niñas y adolescentes.

El experto de la conducta humana, José Miguel Montero, advierte sobre el incremento cada día del número de niños que son llevados a clínicas y hospitales víctimas de abuso en sus vertientes sexual, físico, psicológico, social y por negligencia.

A su juicio la sociedad dominicana no le está prestando la debida atención a los cientos de niños que se encuentran en las calles vendiendo flores, limpiando cristales, pidiendo, vendiendo dulces, limpiando zapatos, faltando a la escuela, o a aquellos que los familiares dejan convulsionar por fiebre o no les compran la medicina por negligencia.

Código del menor

La ratificación a ésta se realiza en el 1991, y en el 1994 la República Dominicana promulga la Ley 14-94 que creó el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y el 7 de agosto de 2003 se promulga la Ley 136-03 que deroga la Ley 14-94, en la que el nuevo código pasa a ser un Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El Mes de Prevención del Abuso Infantil en la República Dominicana que se celebra en abril, se estableció por decreto del Poder Ejecutivo en el año 1998, durante el primer gobierno del presidente Leonel Fernández Reyna.

Nueva estructuras de NNA y familia

La Procuraduría General de la República ha puesto en funcionamiento durante, una fiscalía y tres nuevas estructuras para niños, niñas, adolescentes y familia, en la ocasión de celebrarse en abril el mes de la prevención del abuso infantil. Con estas acciones se complementan medidas adoptadas tendentes a mejorar las condiciones de vidas de los niños, niñas y adolescentes.

Líneas de Auxilio

La República Dominicana cuenta además, desde 1998, con la Línea de Auxilio para la prevención del abuso infantil 1-200-6767, iniciativa creada por la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía del Distrito Nacional en un esfuerzo conjunto de CONANI, UNICEF, CODETEL, el Organismo Rector, el Instituto de la Familia y las secretarías de Estado de Salud Pública y de la Mujer.

Red por un país libre de abuso infantil

El Despacho de la Primera Dama y CONANI desarrollan de igual manera, y desde abril 2006, la “Red Niños, Niñas y Adolescentes por un País Libre de Abuso Infantil” formado por más de 20,000 niños, niñas y adolescentes de diferentes instituciones públicas y privadas para que trabajen en el área de prevención y atención de situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

Más de 25,000 en explotación sexual

Estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), revelan que poco más de 25,000 niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo la explotación sexual comercial. Y otras investigaciones señalan que alrededor de 1,000 viven en las calles.

Menores Trabajadores.

Las peores condiciones de explotación infantil se registran en los campos dominicanos, donde está el 18,4 por ciento de los niños que realizan labores propias de adultos.

Según la publicación se estima que hay niños que comienzan a trabajar en la agricultura a partir de los cinco o seis años.

Según los muestreos en 10 años la cantidad de menores en esas condiciones sólo bajó seis puntos porcentuales, debido a que para 1994, según la Encuesta Demográfica y Salud (ENDESA), el 19 por ciento de los niños y adolescentes de 7 a 17 años de edad realizaban algún tipo de trabajo.

El trabajo infantil a partir de los 5 ó 6 años afecta la salud y el desarrollo psicoemocional de los niños, niñas y adolescentes.

La zona Sur de RD aparece como la más traumática, donde un 40% de los menores han sido explotados en sentido general.

Las peores condiciones de explotación infantil se registran en los campos dominicanos, donde está el 18,4% de los niños que realizan labores propias de adultos.

Abuso infantil

El abuso en niños, niñas y adolescentes es ejercido generalmente por adultos, tutores o progenitores que en su condición de jerarquía vertical, exponen al menor a realizar actividades en la que éste emplea una fuerza mayor a la de su capacidad moderativa evolutiva y física, la cual imposibilita el discernimiento del peligro a que pueda ser expuesto.

Como abuso se entiende todo tipo de maltrato que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes, tanto físico, sicológico como sexual. A estos tipos de abusos se adiciona también la explotación laboral.

En la República Dominicana el castigo físico y sicológico era hasta hace poco tiempo, un método normal de corrección de la infancia, pero todavía padres, madres y tutores recurren a ese procedimiento, a veces de manera brutal contra sus hijos menores de edad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, reconoce que todas las personas menores de 18 años tienen derecho a ser protegidos, desarrollarse y participar activamente en la sociedad, estableciendo que los niños son sujetos de derecho. Es el tratado internacional que reúne al mayor número de Estados partes.

La convención sobre los derechos del niño consagra como principios fundamentales:

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, sus tutores o de sus familiares.

2. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

3. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

4. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra la retención y los traslados ilícitos de niños al extranjero.

5. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.

6. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

domingo, abril 27, 2008

Jorge Dieo dice sirvió garante a Florián Feliz mostró arrepentimiento

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.-El diseñador Jorge Diep dijo ayer que sirvió de garante a Rolando Florián Feliz, condenado a 20 años de prisión por narcotráfico, porque a su entender ha demostrado arrepentimiento de las acciones que lo llevaron a la cárcel y que merece una oportunidad.

Diep sostuvo que nunca ha recibido dinero proveniente de negocios ilícitos, ni mucho menos de personas vinculadas al narcotráfico como han insinuado personas interesadas, a raíz de que se convirtiera en garante de Florián Féliz, quien solicitó su libertad condicional ante una jueza suplente de Palenque, San Cristóbal.

“No he cometido por esto ningún delito que se me pueda reclamar, no colaboro, ni ayudo, ni recibo dinero de Narcotraficante, hago una labor social dándole doy una oportunidad a los internos de comenzar una vida nueva con dignidad y respeto sin clasificar delitos cometidos y por los cuales están pagado, para que al cumplir con el castigo que la ley les marco, puedan comenzar de nuevo sus vidas e integrarse a la sociedad”, enfatizó Diep.

Expresó que Florián Félix no “es la primera persona ni la única que le ha servido de garante para que obtenga su libertad, sino que lo hizo también con Kenia Disla, Lizbeth Pichardo, Sócrates Alberto Toribio Pérez y Reoderick Ariel Gálvez, quienes cumplieron esos requisitos y hoy se encuentran trabajando con él, “manteniendo una conducta excelente y siendo hoy en día trabajadores con un alto rendimiento y además reintegrados a la sociedad y sus familias.

Sostuvo que Florián Feliz, es esposo de su amiga Mariela, a quien conoce desde hace 15 años y ha sido testigo de que él interno ha demostrado arrepentimiento de las acciones que lo llevaron a la cárcel.

Explicó que las cárceles son almacenes de seres vivo, por lo que hay que trabajar en la reinserción de esas personas a la sociedad y la vida productiva, o de lo contrario se estaría reciclando delincuentes para el futuro.

“Cuando conozco a los internos, a los cuales le he prestado mi ayudada de forma gratuita, con el solo fin de colaborar a que se reintegren a la sociedad, no los veo como delincuentes, los veo como seres humanos que cometieron un grave error y que están pagando por ello y que al cumplir con lo que la ley les marco quieren reintegrase a la sociedad con sus familias y con el deseo de comenzar una vida nueva a las cuales todos tenemos una oportunidad”, apuntó el diseñador Diep.

Expresó que si ese fue su error y por lo que se le deba acusar y castigar, no se defenderá y lo dejara a que Dios lo juzgue y le dé el castigo que merecen aquellos que creen en el arrepentimiento y la reinserción de la persona a la sociedad y la vida productiva.

Tribunales emitirán mañana lunes fallo en casos Pepe Goico y César Sánchez

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.-El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, emitirá hoy su veredicto en torno al caso se le sigue al coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero, la esposa del ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, y Ernesto Guevara Díaz (Maconi), acusados de violar la ley de lavado de activos.

El tribunal presidido por la magistrada Alina Mora de Mármol, fijó la lectura del fallo para la 9 de la mañana, en el tribunal ubicado en la Segunda planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En su dictamen, la Fiscalía del Distrito Nacional pidió al tribunal condenar a Pepe Goico, a 10 años de prisión, a 20 a Guevara Díaz y cinco a Belkis Elizabeth Ubrí Medrano.

En sus conclusiones los abogados de Pepe Goico, doctores Manuel Sierra y Teobaldo Durán, pidieron al tribunal declararlo no culpable de los hechos que se le imputan e igual pedimento fue hecho por los abogados de Ubri Medrano y Maconi.

Caso César Sánchez

Por otro lado, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, también dará a conocer hoy el fallo sobre un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia que favorece con un auto de no ha lugar al ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez.

El sometimiento contra César Sánchez fue hecho por el director del Departamento Nacional de Prevención Contra la Corrupción Administrativa, Octavio Lister Henríquez, por un presunto uso irregular de más de dos mil millones de pesos de los bonos soberanos destinados para la construcción de la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiago.

El auto de no ha lugar en favor de César Sánchez, fue dictado por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Hiciano Berroa, sin embargo, la Primera Sala de Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó el citado auto, por lo que fue recurrido en casación por ante la Suprema Corte de Justicia, quien ordenó a la celebración de un nuevo juicio.

martes, abril 22, 2008

Fiscalía pide 10, 5 y 20 años prisión implicados en caso lavado dinero de Paulino Castillo

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional, pidió a los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenar a 10, 5 y 20 años de prisión al coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero, la esposa del ex capitán Quirino Paulino Castillo y Ernesto Guevara Díaz (Maconi), implicados en el expediente sobre alegado lavado de dinero del imputado Paulino Castillo.

El fiscal adjunto Ybo Rene Sánchez pidió además al tribunal presidido por magistrada Alina Mora de Mármol, condenar a Pepe Goico y Belkis Elizabeth Ubrí Medrano, al pago de 50 salario mínimo y Maconi, al pago de una multa de 20 millones de pesos.

El tribunal luego de las conclusiones de la defensa y del ministerio público, decidió reservarse el fallo para darlo a conocer el 28 de este mes.
En sus conclusiones los abogados de Pepe Goico, doctores Manuel Sierra y Teobaldo Durán pidieron al tribunal declararlo no culpable de los hechos se que le imputa, igual pedimento fue hecho por los abogados de Ubri Medrano y Maconi.

Sierra y Durán señalaron que el dictamen del Ministerio Público resulta ridículo y risible, ya que ninguno de los dos testigos a cargos presentados en el proceso por la Fiscalía implicó a Goíco Guerrero en los hechos que le imputan.

Tribunal aplaza para jueves recurso de amparo presentado contra JCE

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.- Los jueces de la primera Sala del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo pospuso ayer para el próximo jueves el conocimiento del recurso de amparo presentado por el presidente del Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), Juan Cohén, por alegada violación a sus derechos debido a la exclusión de esa organización política de participar en las elecciones del próximo 16 de mayo por parte de la Junta Central Electoral (JCE).

Los magistrados Sara Henríquez Marín, Judith Contreras Esmurdoc y Federico Fernandez, aplazaran la audiencia para la 9:00 de la mañana, a fin de dar oportunidad a los abogados de la Junta Central Electoral y la Procuraduría General del Tribunal Contencioso, tomar conocimientos de los documentos que reposan en el expediente.

Asimismo, el tribunal rechazó un pedimento formulado por Apolinar Rodríguez Almonte, en representación del PNVC, para intervenir voluntariamente a los fines de que sea excluida esa organización política del presente recurso de amparo.

Señala el tribunal en su sentencia que la intervención se formula por medio escrito, conteniendo los fundamentos y conclusiones, la cual se le dará copia a los abogados de la parte en causa, por lo que en el caso de la especie los interviniente no han cumplido con las formuladidades establecida en el mismo, razón por la cual fue desestimada.

Los abogados de la fracción que dirige Tania Báez, doctores Carlos Sánchez y Jacqueline Ramírez, habían pedido al tribunal aceptarlo como interviniente voluntario en torno al recurso presentando por Cohen, con quien disputa la presidencia de esa organización política.

Los abogados de la JCE, doctores Juan Miguel Castillo Pantaleón, Jorge Berges y Manuel Rodríguez, habían pedido al tribunal el aplazamiento del caso por un día franco a fin de tomar conocimiento de los documentos depositados en torno al recurso de amparo presentado por el PNVC. A ese pedimento se sumo la Procuraduría General del tribunal Contencioso, a través de los procuradores adjuntos Evelin Escalante y David Betance.

Mientras que los abogados del PNVC, que presentaron el recurso de amparo, doctores Jorge Luis Polanco, Jorge Eligio Méndez, Guillermo Estrella Ramia, Elsa Trinidad Guillen, Juan Cuevas y Rafael Armando Vallejo Santelises, renunciaron a tomar comunicación de cualquier documento que pretenda oponérsele en su recurso, por lo que pedía rechazar el pedimento de los abogados de la JCE y del Ministerio Público y ordenar la continuación del presente proceso.

Interpondrán recurso casación

Juan Cohén, felicitó la decisión del tribunal de rechazar la intervención los abogados de Apolinar para actuar como interviniente voluntario, al tiempo de confiar de que el recurso será acogido por el tribunal Contencioso y Tributario.

De su lado, Tania Báez, reaccionó ante la decisión anunciando que presentara recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia, por no estar conforme con la sentencia emitida por el tribunal.

Al tribunal comparecieron el candidato de la Cuarta Vía, Eduardo Estrella, Sergia Elena de Séliman, Amílcar Romero, Rafael Gamundy Cordero y Dionisio Soldevila, entre otros.

Disponen libertad ex sindico La Victoria acusado provocar incidente en ayuntamiento

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO. El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo, dispuso ayer la libertad del ex síndico del municipio de La Victoria, acusado de alegadamente causar un incidente violento en el local del ayuntamiento de esa comunidad el pasado día 18 de este mes.
El magistrado Franklin concepción Acosta dispuso la libertad de José Ramón Hernández Concepción, de 44 años de edad, tras imponerle como medida de coerción el pago de una garantía económica de 500 mil pesos y visitas periódicas durante seis meses, cada mes por ante la fiscalía de esa jurisdicción.

El juez tomó la decisión, al acoger una solicitud de medida de coerción en contra del ex sindico de La Victoria, presentada por el fiscal adjunto Porfirio Estévez, en representación de la Fiscalía, quien tiene a su cargo la investigación del caso.

A Hernández Concepción, quien dijo en el tribunal estar sorprendido de que se le relacionara con el hecho, ya que según dijo desconocía que esto había ocurrido, se le acusa de violar los artículos 305, 307, 309, de la ley 24-97, así como los artículos 39 y 40 de la ley 36, sobre porte y tenencia de arma de fuego-

La denuncia fue presentada por José Martínez, Fernando Alexis Guillermo Santana y Virgilio de la Cruz Mejía, ante el Ministerio Público de la Provincia, señalando que fueron agredidos físicamente por espalderos del ex sindico de La Victoria Hernández Concepción .

Según manifestaron los agraviados siendo las una y media del pasado viernes 18 se presento a la calle José Soriano No.,83, lugar en donde se encuentra ubicado el local de la Junta Municipal de la Victoria, Hernández Concepción junto a espalderos suyos conocidos como El Cojo, Víctor y Bienvenido Doñé, Moreno, entre otros, armados de pistolas, escopetas y bombas lacrimógenas.

Una vez en el lugar, y sin mediar palabras la emprendieron a tiros, despojando de su escopeta al señor José Martínez guardián del local y encañonaron a Virgilio de la Cruz Martínez golpeándole hasta dejarlo inconsciente.

Según expresaron los agraviados terminada la acción los espalderos del ex síndico de la Victoria se comunicaron vía telefónica con este, quien se encontraba a unos pasos del lugar en donde ocurrieron los hechos a bordo de un vehículo.

Suprema Corte conoce juicio disciplinario contra abogados y jueza

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, conoció ayer juicios disciplinarios en contra de cinco abogados notarios, incluido un oficial de la Policía Nacional y una jueza acusados de incurrir en faltas en el ejercicio de sus funciones.
El tribunal reunido en cámara de consejo, ventiló los procesos judiciales seguido a Marcos Ariel Segura Almonte e Hilario González González (coronel de la Policía), Inocencio Ortiz Ortiz, Leonora Pozo Lorenzo y Celestino Reynoso, así como la magistrada Carmen Mancebo, del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.

El presidente de la Suprema Corte, doctor Jorge Subero Isa, dijo que el juicio disciplinario forma parte del esfuerzo institucional para rescatar y mantener la credibilidad y confianza del Poder Judicial.

El proceso disciplinario a jueces, abogados y funcionarios administrativos ha sido una vigilancia constante de parte de los jueces del alto tribunal judicial del país.

Según la gravedad del caso cuando los jueces cometen faltas disciplinarias y no cumplen con sus deberes y las normas establecida son sancionados.
Conforme con el artículo 58 de la Ley 327-98 de Carrera Judicial, la Suprema Corte es el tribunal que por vía reglamentaria complementará las normas reguladoras de la conducta de los jueces en materia disciplinaria.

La referida ley establece también en su artículo 62 que un juez que viole la
disciplina puede recibir una amonestación oral, escrita, suspensión de sueldo por 30 días o ser destituido.

jueves, abril 10, 2008

Fiscalía DN apela sentencia en caso Sun Land

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.-La Fiscalía del Distrito Nacional, apeló la decisión del juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que declaró que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tiene calidad como persona jurídica para querellarse en su contra del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Félix Bautista.

El fiscal José Manuel Hernández Peguero, y los fiscales adjuntos Dante Castillo Medina y José Agustín de la Cruz, recurrieron la decisión del juez Román Hiciano Berroa, que le da faculta al PRD, querellarse contra Félix Bautista, a quien acusan de abuso de confianza en el préstamo de 130 millones de dólares de la empresa Sun Land, por no estar conforme con la misma.

En la instancia piden al tribunal declarar con lugar el presente recurso revocando la resolución dictada por el juez de la instrucción y dictar directamente la sentencia acogiendo la decisión de la Fiscalía que declaró inadmisible la querella presentada contra Bautista.

Sostiene que en la resolución recurrida se evidencia contradicción en la motivación cuando el juez de la instrucción confunde una acción de interés público, con los intereses colectivos y difusos.

Señala que sin embargo, el juez reconoce por otro lado, que en la República Dominicana la facultad de perseguir ese tipo de delito querellante la reserva al ministerio público.

La decisión del juez también fue recurrida en apelación la pasada semana por la defensa de Félix Bautista, quienes piden a la Corte de Apelación que resulte apoderada del caso, revocar la decisión del tribunal de primer grado.

Hernández Peguero desestimó la querella argumentado que el PRD carece de la calidad jurídica como querellante, ya que, según dijo, no es una persona física o una institución víctima de los supuestos agravios y violaciones a las leyes que, según la denuncia, fueron cometidos en contra del país con la Sun Land.

Sin embargo, dejó abierto el expediente solicitando a la Cámara de Cuentas que investigue si hubo irregularidades en el contrato que firmó el funcionario a nombre del estado con la Sun Land.

Almeyda niega tenga villa en Juan Dolio como denunciara Gómez Mazara

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.- El secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda Rancier, negó que tenga una villa en Metro Contry Club, en Juan Dolio como denunciara el dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara.

El funcionario dijo que ciertamente tiene acceso a una villa en el referido complejo hotelero, pero que es propiedad de Lincy Kasahara, directora de Comunicaciones del Plan de Seguridad Democrática, quien la ha cedido a esa institución para alojar a invitados internacionales”, entre los que citó al director del Departamento de Narcóticos de la Policía de Filadelfia.

Almeyda Rancier en rueda de prensa junto a Kasahara, dijo que Gómez Mazara lo que busca con su denuncia es descalificarlo.

El secretario de Interior y Policía s dijo que Kasahara ha “prestado” la Villa para que ese organismo realice talleres, como los que se impartieron a los titulares de los 11 programas de Seguridad Democrática.

“Me agradaría tener una villa como esa en un lugar como ese, pero no lo he pensado, aunque con lo que tengo, y mi crédito público por haberme pasado 40 años trabajando, podría reunir lo suficiente para comprar esa u otra similar”, expresó Almeyda Rancier.

De su lado, Lincy Kasahara afirmó a que la villa es fruto de su matrimonio con el ingeniero Armando Rivera, quien no reside en el país, al que viene "esporádicamente".

Suprema rechaza otorgarle 15 días más a Félix Bautista

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DIMINGO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia, rechazó concederle un plazo de 15 días más al ingeniero Félix Bautista, para presentar el escrito de defensa en torno al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) contra el contrato suscrito entre el Estado Dominicano y la empresa Sun Land.

Así lo informó ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, quien dijo que la resolución del pleno será dada a conocer tan pronto esté firmada y registrada en la Secretaría General del alto tribunal judicial del país.

“En relación con la pregunta sobre la prórroga solicitada por Félix Bautista, debo informar que el pleno, decidió en su sesión ordinaria del pasado 3 de lo corrientes rechazar esa solicitud de prórroga y que se hiciera constar en acta ese rechazo. Al mismo tiempo se dispuso que se redactara la correspondiente resolución, debidamente motivada”, expresó Subero Isa.

Félix Bautista había hecho el pedido al presidente de la Suprema Corte, y los demás jueces que componen el alto tribunal judicial, a través de sus abogados Abel Rodríguez del Orbe, Marino Feliz Rodríguez y Nicolás Calderón García.

En su pedimento la defensa del funcionario alegaba que el plazo de 15 días que le fuera otorgado por la Suprema Corte, se ha visto afectado, alegando que el mismo comenzó a computarse a partir del lunes 17 de marzo del presente año, fecha en que justamente comenzaba la Semana Santa, la cual es una semana de poca actividad laboral.

Explica además que el 17 de marzo pasado, la consultoría jurídica de la Oficina Supervisora deposito una instancia pidiendo la certificación de contrato de varia terminación de obras prioritarias.

El referido recurso fue presentado por el presidente y secretario general del PRD, Ramón Alburquerque y Orlando Jorge Mera, el 18 de octubre del 2007, en la cual pide declarar inconstitucional el contrato de construcción de Obras de infraestructura para el Estado Dominicano, suministro de materiales y equipos, de fecha 20 de junio del 2006, suscrito por Félix Bautista en calidad de director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado.

FNP pide Procuraduría investigar grado cumplimiento ley sobre ONGs

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.-El Partido Fuerza Nacional Progresista pidió ayer al Procurador General de la República disponer una exhaustiva investigación sobre el grado de cumplimiento de la Ley 122-05, por parte de las organizaciones no gubernamentales que denuncian el país en el extranjero como violador de los derechos humanos de los haitianos.

El diputado Pelegrín Castillo Semán, en un documento entregado al Procurador Radhames Jiménez Peña, pide ordenar la investigación encaminada a determinar hasta que punto esas Ongs cumplen con la Ley 122-05, que regula el fomento de las asociaciones sin fines de lucro.

Solicitó al jefe del Ministerio Público que en caso de que esas Ongs cumplan con las obligaciones de la Ley, que de a conocer, en virtud de la Ley de Libre Acceso a la Información, cuales son sus vínculos internacionales.

Manifestó que el propósito real de la campaña de las organizaciones no gubernamentales que denuncian el país es desconocer el derecho soberano de la República Dominicana a impulsar sus políticas en material de migración, nacionalidad, registro civil y control fronterizo, derecho que se expresó y concreto en actos y decisiones del Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral (JCE).

Expresó que resulta notorio que esas peligrosas campañas están procurando además preparar y condicionar la opinión pública internacional para que eventualmente acepte y respalde una acción de poderes externos en contra del Estado dominicano.

“Esas campañas ofensivas son ejecutadas por numerosas organizaciones no gubernamentales y grupos defensores de los derechos humanos nacionales y extranjeros, que cuentan con importantes financiamientos y respaldo tanto de gobiernos de países autodenominados Amigos de Haití, como de influyentes organizaciones internacionales”, acotó Castillo Semán.

El dirigente de la FNP dijo que la ley establece que su inobservancia conlleva como sanción la suspensión temporal y hasta la perdida definitiva de la personería jurídica de esas organizaciones.

Manifestó que dicha ley establece, entre otras cosas, que las Ongs están obligadas a rendir un informe que incluya relaciones o vínculos con gobiernos, instituciones públicas extranjeras, organismos internacionales o instituciones sin fines de lucro privadas o extranjeros.

“La Ley establece que deben llevar un registro, manual o electrónico, de descripción de actividades y programas, incluidas sus relaciones internacionales”, apuntó Castillo Semán.

Indicó que la referida ley establece, además, que deben informar sobre las donaciones internacionales recibidas, con los nombres de los donantes y los

Tribunal condena a 30 años de prisión hombre mató mujer y su hijo menor

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenó a 30 años de prisión a un hombre, tras ser encontrado culpable de asesinar a una mujer, y su hijo menor, hecho ocurrido el pasado 9 de marzo del año pasado, en el barrio Villa Eloisa, del sector Las Cañitas, de esta capital.

El tribunal integrado por las magistradas Sara Veras, Daira Medina e Ingrid Fernández, condenó a pena máxima a Roque Raúl Taveras Pimentel (Papo), al hallarlo culpable de dar muerte a Rosanna Margaret López de 22 años y a su hijo Dalvin Urbaez de seis.

El tribunal tomó la decisión al acoger un pedimento formulado en ese sentido por la fiscal adjunta Cándida Ramos Ovalle, argumentado su fallo en que se estableció su culpabilidad, "más allá de toda duda razonable".

Al tribunal fueron aportada por la Fiscalía como prueba el testimonio del hijo de ocho años de la occisa, quien narró al tribunal, que había visto al imputado llevarse de su casa a su madre y a su hermano menor, entre otros elementos incriminatorios.

Según la acusación el cuerpo de la mujer y su hijo fueron encontrado en la rivera del Río Ozama, al lado de un pequeño charco llamado "La Posita" del sector de Gualey, en donde Taveras Pimentel después de violarla sexualmente, le propinó heridas punzo cortante en el cuello y al menor, le produjo la muerte por asfixia por sumergimiento.

El acta de acusación presentada por el Ministerio Público, dice que después del proceso investigativo, se pudo determinar que Taveras Pimentel, después de intentar penetrar a varias casas y no lograr su propósito, penetró en la casa de la occisa, aprovechándose de que estaba sola con sus dos hijos pequeños, logrando dominarla y llevársela hacia la orilla del Río Ozama, hasta donde la siguió el menor.

martes, abril 08, 2008

Procuraduría inaugura centro de atención integral para adolescentes

SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República dejó en funcionamiento ayer Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de San Francisco de Macorís, con capacidad de albergue para veinticinco internos.

La apertura del centro fue realizada durante un acto encabezado por el procurador, doctor Radhamés Jiménez Peña, y el síndico de la Provincia Duarte, Félix Manuel Rodríguez.

Jiménez Peña dijo que la institución que dirige hará todo lo posible para que en ese centro los adolescentes reciban los programas de tratamientos necesarios para su rehabilitación.

En esos mismos términos se expresó el síndico Félix Manuel Rodríguez, al hablar en representación del ayuntamiento de la citada provincia, entidad que donó el local para la instalación del local que albergará a los jóvenes en conflicto con la ley.

Dijo que el ayuntamiento que dirige ofrecerá la colaboración necesaria a la Procuraduría para la rehabilitación de los adolescentes.

El sacerdote Isacc García tuvo a su cargo la bendición del acto, que estuvo encabezado además por la coordinadora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Procuraduría, doctora Marisol Tobal; el director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, doctor Octavio Lister Henríquez; el procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, doctor Amado José Rosa, y la gobernadora de la provincia Duarte, Luz Selene Plata.

El nuevo centro de atención integral para adolescentes está ubicado en la urbanización Olimpia del referido municipio. El mismo estará bajo la dirección del licenciado Hipólito Grullón.

En este establecimiento, los jóvenes en conflicto con la ley, recibirán asistencia de parte de un psicólogo que para esos fines fue nombrado por el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI).

Fiscal pedirá hoy en vistas publicas modificar prisión preventiva

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.-El fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, abogó hoy porque se implemente la prisión preventiva parcial, dentro de la medida de coerción, para que los imputados sean encerrados durante una parte del día.

En ese sentido, el representante del ministerio público dijo que presentará hoy una propuesta en la vistas públicas que a partir de las 10 de la mañana celebrará la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, donde se conocerán diferentes propuestas que serían tomadas en cuenta en la reforma al Código Procesal Penal.

Manifestó que la propuesta busca modificar el artículo 226 de dicha legislación en cuanto a las medidas de coerción, para que en lo referente a la prisión preventiva se incluya que la misma sea “durante parte o todo el día”.

Hernández Peguero sostuvo que esa medida de coerción se aplicaría sólo en los casos de delitos menores donde no exista peligro de fuga, despachándola a las 7 de la noche para que pueda dormir en su casa y se le ordene regresar a la cárcel a las 7 de la mañana.

Asimismo, el fiscal dijo que solicitará que los robos de vehículos sean incluidos como un delito de acción pública sin que se tome en cuenta la recuperación del carro.

Manifestó que igualmente solicitará adicional al texto del artículo 226 varias medidas entre ellas hacer que el imputado asista obligatoriamente ante profesionales de la conducta, programas terapéuticos o de orientación familiar por un período no menor a los seis meses.

“Pediré en la vistas públicas que se ordenen medidas conservatorias respecto de la posesión de los bienes comunes, así como la reposición de los destruidos”, apuntó Hernández Peguero.

Tribunal rechaza recurso de amparo de empresa contra decisión suspende sus operaciones

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.-La Primera Sala del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, rechazó ayer el recurso de amparo interpuesto por la empresa Armería Dominicana V y R contra la decisión de la Secretaria de Interior y Policía de suspender las operaciones de esa firma al comprobar la comisión de irregularidades.

El tribunal presidido por la magistrada Sara Henríquez Marín, adoptó la decisión, tras considerar que el recurso de amparo presentado por la empresa Armería Dominicana, es improcedente, mal fundado y carente de base legal”.

Sostiene que en los documentos depositados al tribunal no se demostró la conculcación de algún derecho fundamental” en la decisión de Interior y Policía.

“Por lo que en consecuencia procede mantener la resolución No. 001086 de fecha 28 de enero del 2008 emitida por la Secretaria de Estado de Interior y Policía”, expresa el tribunal.

Señala la sentencia que del estudio del expediente se trato de determinar si en la acción de Interior y Policía se conculco de los derechos de la empresa, al serle suspendida la licencia para importar de armas y municiones.

En uno de los considerando de la sentencia, se señala que “se ha podido verificar, por los documentos depositados, que el resultado de la inspección a la referida armería determino que no poseen libro de registro con relación a las ventas de municiones, que lo hacen en hojas sueltas que archivan en forma de reportes, los que se envían cada vez a la Secretaria de Interior y Policía”.

El mismo considerando señala, además, que la referida empresa no guarda “ninguna copia de los formularios 53 de los que afirman devuelven a la Intendencia General de Material Bélico de las Fuerzas Armadas”.

En una de sus motivaciones la Secretaria de Interior y Policía había declarado, a propósito del recurso de amparo interpuesto por la armería y su representante el señor Andrés Ventura, que “la voluntad del gobierno es consolidar el programa de desarme de la población civil, adoptando decisiones oportunas con garantías de los derechos ciudadanos y el registro legal para el control más efectivo de las armas de fuego”.

jueves, abril 03, 2008

Fiscalía aplaza vista querella presentada contra Sanofi-Aventis acusada alterar patente

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.-El Departamento de Falsificación de la Fiscalía del Distrito Nacional, aplazó ayer el conocimiento de la vista de una querella presentada en contra de la multinacional farmacéutica de origen francés Sanofi-Aventis, acusada de alteración de la patente industrial del producto conocido como “Clopidogrel”, que es usado para prevenir infartos al miocardio y accidentes cardiovasculares y de intento de monopolio.

El fiscal adjunto Narciso Escaño, adoptó la decisión a fin de que los representantes legales de la compañía Sanofi-Aventis, Mónica de las Mercedes Zerpa Martín, venezolana y Rubesindo Lorenzo Pérez, dominicano, a fin de tomar conocimiento de documentaciones aportado al ministerio público.

La querella fue presentada por la farmacéutica Línea, S.A, la cual se dedica a la venta de producto farmacéutica y laboratorio, a través de sus abogados, Jacobo Valdez Albizu, Marcos Ricardo Álvarez Gómez y Francisco Taveras.

En la querella los abogados de Línea sostienen que la patente que usa Sanofi-Aventis venció el 17 de febrero de 2007. Después de esa fecha un laboratorio nacional miembro de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicana (Infadomi) había comenzado a producir el genérico Nabratín, con un precio 50% más barato, pero Sanofi-Aventis supuestamente alteró el documento y demandó al laboratorio dominicano Línea S,A. por RD$100 millones.

Explicaron que la multinacional francesa cometió el abuso contra el laboratorio dominicano por una supuesta violación a la propiedad industrial, “cuando fueron ellos los que hicieron la violación”.

En la querella se atribuye a la multinacional una supuesta falsificación de escritura pública y de la violación de los artículos 147 y subsiguientes del Código Penal dominicano, “por haber alterado la fecha de expiración del certificado de patente número 112 del producto Clopidogrel”.

PLD presenta recurso inconstitucionalidad contra resolución ordena suspender pago nominas CB

RAMÓN CRUZ BENZÁN

PILAR MORENO

SANTO DOMINGO.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, en contra de la resolución de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), que dispuso suspender durante el período electoral los pagos que el Gobierno realiza a través de la nómina “CB”.

La instancia fue presentada ante la secretaria de la Suprema Corte, Grimalda Acosta de Subero, por el secretario general del PLD, Reynaldo Pared Pérez, César Pina Toribio, delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral y el abogado Lino Vásquez, con la que procuran una declaratoria de inconstitucionalidad sobre la recién resolución del tribunal electoral.
La comisión que presentó el recurso pidió al pleno de la Suprema Corte, declarar la inconstitucionalidad de la referida resolución número 001-2008, de fecha 24 de marzo del 2008, dicta por la Cámara Administrativa de la JCE, en virtud de que la misma, al ordenar la suspensión de pago de las “nominas que no comprenden los salarios y renumeraciones por servicios regulares prestados por funcionarios o empleados públicos”, de las dependencias públicas e instituciones autónomas y descentralizadas que se han indicado, viola los artículos 4,8, acápite 2, literal k), 55, inciso 1 y 2, 92 de la constitución de la República.
“Declarar regular y valido, tanto en la forma como en el fondo, la acción o recurso de inconstitucionalidad que mediante el presente escrito se incoa contra la resolución mencionada, dictada por la cámara administrativa de la Junta Central Electoral”, apuntan en la instancia los dirigentes peledeistas.
Asimismo, pidieron a la Suprema Corte darle acta de que se reserva el derecho de someter, oportunamente, los escritos de ampliación y replica que estime necesarios para el mejor ejercicio de su derecho a la defensa.
En la instancia que consta de 8 paginas, se hace constar que hacen formal elección de domicilio, en el edificio profesional conjunto de los abogados apoderados, abierto en el apartamento número 303 del edificio D Rosa Plaza, situado en la calle Jacinto I, Mañòn esquina Federico Geraldino, en el sector Paraíso, de esta capital.
Señalan que las nominas pagadas en instituciones públicas, que la Junta Central Electoral ordenó detener su pago, prevalecen desde el año 2005 y que se aprobaron por el pasado Congreso Nacional que presidió el Partido Revolucionario Dominicano.
Indican que la Junta Central Electoral no se percató de que los legisladores del PRD insertaron en el presupuesto del año 2005 el pago a los servidores de capítulos especializados.

Pina Toribio dijo que la resolución del organismo electoral genera un perjuicio para todo el funcionamiento del Estado, básicamente con lo que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones que ha contraído el Gobierno y que se solventan a través de esas cuentas, “las cuales están prevista en la Ley de Presupuesto”.

“El fundamento jurídico de esas impugnaciones radica en primer lugar en que el Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución, es un poder independiente y que la acción de ningún otro poder de Estado puede limitarlo en la realización de sus actividades ordinarias”, enfatizó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Pina Toribio destacó que el jefe del Estado tiene la facultad de velar por el fiel cumplimiento de las leyes y que esos pagos estando previstos en la Ley de Gastos, por lo que entiende que con la decisión, la Cámara Administrativa se excedió en sus facultades.

Dijo que para tomar esta decisión al Poder Ejecutivo no se le dio la oportunidad ni los plazos razonables para que pudieran someter sus consideraciones, lo que significa una violación a las reglas del debido proceso.

Por su parte, el secretario general del PLD y presidente del Senado, Pared Péred, dijo que es una facultad que tiene la Suprema Corte de fallar o no antes de las elecciones del 16 de mayo.

Jóvenes vestidos de “mimos” reclaman a Suprema Corte conocer caso Sun Land


RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.- Un grupo de jóvenes realizó ayer un piquete frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia, con pancartas reclamando al alto tribunal fallar los recursos de inconstitucionalidad del contrato suscrito entre la Sun Land y el Estado dominicano.

Lorenzo González, quien sirvió de portavoz, dijo que acudieron por segunda ocasión a la Suprema Corte a reclamar que los jueces se pronuncien sobre ese recurso, por la tardanza en el caso.

Los jóvenes, con camisetas negras y la cara pintada de blanco hacían gestos de tristeza en alusión a que la justicia todavía no ha fallado en caso de la Sun Land.

El grupo llegó a bordo de dos autobuses alrededor de las 10:00 de la mañana. Una patana, con un afiche enorme que pedía al gobierno decir en que se invirtieron los 130 millones de pesos de la Sun Land, fue parqueada por varios minutos frente a la Suprema.

González dijo que ese tipo de manifestación se realizará en otros puntos del país para reclamar y exigir un fallo definitivo.

González dijo que se trata de un piquete hecho por jóvenes que les duele la patria. “Que dirá la Suprema de los préstamos de la Sun Land”, decían los cartelones de los jóvenes protestantes.

Exhortó al presidente Leonel Fernández explicar en qué se invirtió el dinero de ese contrato, tras destacar que en la manifestación había jóvenes de “diferentes” partidos.

La Policía le montó un cerco, para evitar que penetraran al interior del edificio y evitar la producción de incidentes.

miércoles, abril 02, 2008

Procuraduría pide juicio preliminar contra sindico y regidores ayuntamiento Baní en torno a Dunas

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría de Medioambiente y Recursos Naturales solicitó ayer juicio preliminar en contra del síndico de Baní, el presidente de la Sala Capitular, varios regidores de esa demarcación y la empresa Ciramar, en torno al caso de las dunas de Baní, a quienes demandan por una indemnización de 45 millones de pesos.

El sometimiento fue hecho por el magistrado Andrés Chalas Velázquez, quien pidió al juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, fijar audiencia preliminar a los fines de conocer la acusación y se ordene la apertura a juicio en contra de los imputados.

El ministerio público presentó acta de acusación en contra de Nelson Camilo Landestoy, Yoham Montes de Oca, Carlos González Melo, Salvador Peguero Báez, Cándida Carmen Medina, Juan Enrique Guerrero Soto y Solange Catherine Pimentel, Luís Eugenio Contreras Brea, Luís Eugenio Contreras Peña, la empresa Ciramar Internacional Trading LTD y el Ayuntamiento Municipal de Baní.
Al grupo se le acusa de participar manera activa y directa en el arrendamiento con derecho a compra privilegiada de una porción de terrenos de 56,993.87 metros cuadrados en el área protegida Monumento Natural Félix Servio Ducoudray, dentro de la parcela No. 977 del D.C. 5 en la comunidad de Salinas, Municipio de Baní, Provincia Peravia.

Conjuntamente con el Acta de Acusación fue depositado al tribunal la Querella con Constitución en actor Civil interpuesta por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) INC, el Grupo Mundo Ecológico INC., el Grupo Jaragua INC., el Consorcio Ambiental Dominicano, la Sociedad Ecológica de Baní y el Grupo Ecologista Tinglar en fecha 24 de octubre del 2007, en contra de los imputados.

El Ministerio Público solicitó además al tribunal ordenar la restitución del objeto materia del hecho punible y en consecuencia disponga que los 56,993.87 metros cuadrados de terrenos que ocupa la empresa Ciramar International Trading, LTD dentro del ámbito de la parcela No. 977 del D. C. 5, del Municipio de Baní, les sean devueltos al Estado Dominicano para su reintegración al área protegida Monumento Natural Félix Servio Ducoudray.

Asimismo, el Ministerio Público demandó a los acusados al pago de 45 millones de pesos como indemnización por concepto de reparación de los daños producidos al Estado Dominicano con el hecho punible.

Están acusado de violar los artículos 138, 174, 175 numerales 1 y 2, y 176 de la Ley 64-00 del 18 de agosto del 2000, sobre Medio Ambiente y Recursos y artículos 3 Principio 5, 9, 25, 30, 31 párrafo II, 33 y 37 numeral 30 de la Ley 202-04 del 30 de julio de 2004, sobre Áreas Protegidas.

Conforme con la acusación el arrendamiento de dicha porción de terreno fue hecha por el Ayuntamiento Municipal de Baní en favor de la empresa Ciramar International.

La Secretaría de Medio Ambiente sostiene que los terrenos de dunas envueltos en la negociaciones en las Salinas-Baní, entre el Ayuntamiento y la compañía Ciramar Internacional, están dentro del área protegida y que forman parte del ecosistema Dunas de las Calderas.

LA entidad sostiene que esos terrenos están bajo la protección de las leyes 64-00, de Medio Ambiente y la Sectorial 202-04 de Áreas Protegidas.

martes, abril 01, 2008

Juez pondrá en circulación obra derecho procesal jurisdicción inmobiliari

SANTO DOMINGO.-El magistrado Víctor Santana Polanco, juez del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Departamento Central, pondrá en circulación mañana jueves su obra “Derecho procesal para la jurisdicción inmobiliaria”.

La actividad esta pautada para la 7:00 de la noche en el auditórium de la Suprema Corte de Justicia, donde su presidente Jorge Subero Isa, tendrá a su cargo la presentación de la obra, ya que fue la persona quien escribió el prologo.

La obra que tiene un volumen de 615 páginas, está dividida en 29 capítulos, todos bajo criterio de la ley e Registro Inmobiliario y sus Reglamentos, entre los cuales se destacan: La litis sobre derechos registrados, el saneamiento inmobiliario, los recursos contra las decisiones jurisdiccionales, los medios de pruebas, la demanda contra el fondo de garantía de inmuebles registrados, el referimiento, la partición amigable y litigiosa, la demanda en simulación, entre otros.

El magistrado Santana Polanco, además ha publicado los libros Derecho Procesal en materia de Tierras, Vocabulario Doctrinal en materia de Tierras, los recursos por ante el Tribunal de Tierras, el Recurso de Revisión por causa de fraude y jurisprudencia en materia de Tierras.

El juez Santana Polanco, ha impartido docencia en los postgrados, maestría, diplomados, así como cátedras en diferentes universidades e instituciones relacionada con la materia del derecho inmobiliario o materia de tierras, entre las que se encuentran la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestras (PUCMM), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Universidad Abierta para Adulto (UAPA), entre otras.

Procurador Corte pide tribunal variar prisión de Antonio Marte y Blas Peralta

RAMÓN CRUZ BENZÁN

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría de la Corte de Apelación de San Cristóbal pidió ayer juez de la ejecución de la pena de esa jurisdicción, variar la medida en cuanto a los dirigentes y empresarios del transporte Antonio Marte y Blas Peralta, para que esto guarden prisión domiciliaria en vez de la cárcel de Najayo.

El pedimento fue hecho por el procurador adjunto, Rigoberto Santana del Rosario, bajo el alegato de que la salud de los presidentes de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra) y de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), se esta deteriorando por lo que continúan recluidos en centros médicos privados de la capital.

El juez de la Ejecución de la Pena, Francisco Mejía Angomas, fijó para el 11 de los corrientes la lectura del fallo al pedimento hecho por los empresarios del transporte Marte y Peralta de que se les conceda prisión domiciliaria.

Luego de observar a los dirigentes choferiles y analizar los pedimentos de los abogados encabezados por Ingrid Hidalgo y Carlos Olivares, el juez Mejía Angomás declaró “complejo el caso”.

La defensa de los dirigentes choferiles pidieron al tribunal también el cambio de modalidad de la pena consiste en buscar otro lugar en donde los condenados cumplan la pena, al tiempo que presentaron documentos médicos que indican que ellos sufren graves quebrantos de salud.

Antonio Marte, quien está interno en la suite 408 del Centro de Medicina Avanzada Abel González, en la avenida Abraham Linconl, fue al tribunal acompañado de su familia.

Igualmente, Peralta, interno en la suite 308 del Centro Médico domínico-cubano, de la zona universitaria, también compareció con su esposa, con suero y silla de rueda.

Badía desiste de cambio de prisión

Por otro lado, el dirigente perredeista Pedro Franco Badía, desistió de una solicitud que hiciera al juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional, para que su prisión domiciliaria fuera cumplida en una residencia en la comunidad de Los Cocos de Pedro Brand.

El pedimento fue hecho por Badía al juez Saulo Isabel Díaz, a través de sus abogados Bolívar Reynoso, Abel Rodríguez del Orbe y Nicolás Calderón, argumentando que la distancia podría dificultar cualquier emergencia medica que se presentara como consecuencia de las lesiones física que padece.

“Solicitamos dejar sin efecto la instancia de fecha 17 de marzo de 2008, y en consecuencia, mantener como domicilio para el cumplimiento de la pena la calle Poncio Sabater numero 14, Urbanización Paíso”, exponen los abogados de Franco Badía en la instancia dirigida al juez Isabel Díaz. El caso será conocido hoy a la 11 de la mañana por el juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional, Saulo Isabel Díaz, conjuntamente con un pedimento formulado por el ministerio público, donde pide colocarle brazalete a los que guardan prisión domiciliaria.